En México hay una crisis de múltiples violaciones a derechos humanos por la desaparición forzada que afecta a miles de personas cada año
Ciudad de México, 3 de septiembre de 2024.— Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Desde las organizaciones que integramos el campo de lucha Graves Violaciones a Derechos Humanos de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), expresamos nuestra profunda preocupación por la persistente desaparición forzada de personas en nuestro país. Desde diversas organizaciones y colectividades se ha denunciado la existencia de subregistros y la inverosimilitud de las cifras oficiales. Esta violencia, especialmente dirigida hacia la población más vulnerable, debe cesar.
Observamos con suma preocupación que los gobiernos no reconozcan la continuidad de esta grave violación a los derechos humanos y, por el contrario, se cuestione e invisibilice esta problemática, manteniendo en la impunidad a los responsables de cometer estos crímenes. A pesar de la existencia de importantes sentencias que señalan la responsabilidad del Estado en la comisión de estos, se ha mantenido el silencio tanto del gobierno federal como de los estatales. En el discurso se habla de cambios sustanciales en la protección de los derechos humanos, pero en los hechos no se ve reflejado. Las familias y colectivos de víctimas se ven en la necesidad de realizar las investigaciones y la búsqueda de sus seres queridos con sus propios recursos, lo que los coloca en una constante situación de riesgo.
El Estado tiene la responsabilidad de buscar soluciones efectivas y garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en México. Infancias, adolescencias, mujeres y hombres deben tener la certeza de poder regresar a sus hogares, comunidades y ciudades sin temor a ser víctimas de desaparición forzada. El tránsito entre lugares no debe estar marcado por el miedo e inseguridad.
Colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada deciden acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la falta de atención del Gobierno. Sin embargo, solo han recibido como respuesta del Gobierno la desacreditación, descalificación y la negación de la problemática.
Observamos con gran inquietud que existen desapariciones dirigidas especialmente hacia quienes alzan la voz, denuncian, las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, defensoras del medioambiente y recursos naturales, así como testigos clave en la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Es urgente que el Gobierno atienda esta crisis y deje de negar su existencia.
Reiteramos la importancia de que, en los registros oficiales del Estado mexicano, las desapariciones dejen de categorizarse de manera genérica, sin distinguir entre desapariciones forzadas y aquellas perpetradas por actores no estatales [particulares]. Esta falta de diferenciación sirve como herramienta para mantener la impunidad, permitiendo que estos casos se registren simplemente como delitos cometidos por individuos. Sin embargo, la realidad persiste: la desaparición forzada sigue siendo una práctica constante, principalmente a manos de agentes estatales y grupos del crimen organizado, que actúan con la participación y aquiescencia del Estado.
A pesar de que México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la investigación, persecución y protección de las víctimas y sus familias siguen siendo insuficientes.
Es necesario seguir impulsando el reconocimiento del Estado mexicano el derecho humano a ser buscado, tal y como lo establecen los marcos internacionales de protección contra las desapariciones forzadas y las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por lo tanto, consideramos fundamentales las siguientes medidas:
- Mantener la exigencia de la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada bajo la presunción de vida como lo establecen las sentencias en la materia.
- Fortalecimiento de Capacidades Institucionales: mejorando los recursos técnicos, financieros y humanos dentro de las instituciones responsables de los procesos de búsqueda e investigación.
- Promoción de la Reparación y la Memoria: en los casos históricos de desaparición forzada que requieren procesos de reparación y memoria colectiva.
- Enfoque Diferencial: para el acceso a la verdad y la justicia debe ser equitativo, considerando las necesidades específicas de diferentes grupos de víctimas.
- Atención efectiva e integral hacia las víctimas y sus familias.
- Estrategias integrales a nivel local, regional y global que prioricen la protección y medidas de no repetición de esta grave violación a los derechos humanos.
Finalmente, desde nuestra posición en la lucha contra las graves violaciones a los derechos humanos, enfatizamos en la importancia de que existan y se propicien investigaciones diligentes con una perspectiva de derechos humanos. Negar la existencia de la desaparición forzada es mantener en la impunidad a los responsables y garantizar la continuidad. Por ello exigimos seguridad, verdad, justicia y reparación del daño para aquellas personas que viven con la incertidumbre de no saber en dónde se encuentran sus personas desaparecidas y para las víctimas de este crimen de lesa humanidad.
Fotografía: Red TDT
